La Ciudad de Buenos Aires dedicada a la cacería de indigentes

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad: http://www.observatorioddhh.org.ar

El 21 de octubre de 2008, por intermedio del Decreto Nº 1232/08 se creó la UCEP, el Organismo fuera de nivel Unidad de Control del Espacio Público, que depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. De esta forma, se le dio cobertura administrativa a este grupo de personas que actúan clandestinamente. Acentuando su actuación noviembre/diciembre de 2008, se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad que actúan en horas de la noche, realizando desalojos violentos, con amenazas y golpes, a personas en situación de calle que duermen en distintos espacios de la ciudad.

En sus procedimientos, los miembros de la UCEP, además de agredir violentamente a las personas, roban sus pertenencias y, en algunos casos, las arrojan en un camión colector de basura que también forma parte de estas operatorias ilegales. Muchos de estos camiones (algunos sin patente que los identifique) pertenecen a empresas recolectaras de residuos contratadas por el GCBA, como PANIZZA S. A.

Además, está acreditado por diversos testimonios que la UCEP participó en otros operativos como: desalojo del inmueble en Av. Paseo Colón 1588 (27/02/2009), desalojo de la Huerta Orgazmica en Caballito (18/05/2009), desalojo de los puestos de venta ambulante en la Costanera Sur (16/09/2009).

A la fecha, existen más de quince denuncias efectuadas por víctimas de la UCEP en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La ilegalidad que reviste la UCEP surge de las conductas de los agentes involucrados y también de la ambigüedad normativa que facilita esas conductas. El decreto que creó su estructura, aloja -desde una cortina legal- prácticas delictivas. En efecto, los objetivos mencionados en el decreto son agraviantes para un estado de derecho en tanto promueve facultades que no son propias de un organismo de estas características

La norma convierte en regla una facultad excepcional del derecho administrativo y le otorga al órgano UCEP la competencia para efectuar desalojos por medio de la persuasión, lo cual en la práctica significa directamente la utilización de amenazas y la fuerza física.

Es importante destacar que dormir en la calle no constituye ningún delito, ni contravención. Es decir, esa acción no puede ser perseguida penalmente ni sancionada.

Los problemas de la pobreza, indigencia y vulneración social no se resuelven con represión. Por el contrario, es obligación del Estado local, en cumplimiento del marco constitucional vigente, proveer los mecanismos necesarios para que las personas puedan resolver su situación de vulnerabilidad.

La forma que eligieron en el Gobierno de la Ciudad de intervenir sobre esta problemática lo coloca como violador de derechos humanos, con proyección de responsabilidad internacional.

El derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos prevé obligaciones para resolver la pobreza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene programas específicos para actuar en esta dirección, que no son dispositivos como la UCEP. Existe la decisión política de despejar al espacio público de pobres y esa decisión se sostiene aún con el costo violar los derechos humanos, causando un retroceso institucional inédito y de suma gravedad para la Ciudad de Buenos Aires.

El modelo de control del espacio público que nos ofrece el actual Gobierno de la Ciudad con el ejemplo de la UCEP es represivo, discriminatorio y en perjuicio de los derechos de los más vulnerables.

05/11/2009

De la UCEP quedará el nombre, Por Fernando Riva Zucchelli. La Defensora del Pueblo, Alicia Pierini y el ministro de Ambiente y Espacio Público del gobierno de Mauricio Macri, Juan Pablo Piccardo, acordaron el cambio de funciones de la UCEP y el traslado de la problemática al Ministerio de Desarrollo Social. "Claramente la indigencia es un tema del área social" afirmó Pierini. En una reunión realizada el miércoles por la tarde entre la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, y el Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Juan Pablo Piccardo, se acordó finalmente el cambio de funciones de la Unidad de Control de Espacio Público y el traslado total de la problemática de personas sin techo a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.La Defensoría del Pueblo junto al Centro de Estudios Legales y Sociales habían cuestionado conjuntamente el accionar de la UCEP y sobre todo la concepción en materia de derechos y garantías que privilegiaba el orden en el espacio público en desmedro de la contención a las personas más vulnerables.Además de Pierini y Piccardo participaron de la reunión el defensor adjunto Atilio Alimena y el jefe de la UCEP, El barrabrava Jorge Polini.

“Claramente la indigencia es un tema del área social aunque su consecuencia sea la ocupación de calle, veredas o plazas. Existe una normativa en relación a defensa de los derechos de los más débiles que hay que cumplir y además de nuestra parte un compromiso moral con los más pobres” afirmó la Defensora del Pueblo.

El ministro de Mauricio Macri insinuó un conflicto de derechos ya que los vecinos llaman, para que pedir que saquen a estas personas y le recordó que en el Gobierno anterior de Anibal Ibarra se hacía lo mismo desde esa misma estructura, a lo que Pierini le dijo que eso nada cambiaba el concepto. “Estaba tan mal antes como ahora. De acá para atrás, todo en manos de la justicia que dictaminará las responsabilidades, pero ahora pensemos hacia adelante”.

Según trascendió, a los 26 patovicas que conforman la UCEP se les dará ¿nuevas? funciones dentro del Ministerio de gobierno de Mauricio Macri, mientras que la contención a indigentes las absorbería Desarrollo Social.

¿Cambiara algo? ¿que nuevas funciones les dara el Gobierno de Mauricio Macri a los 26 matones de la UCEP?

Subsisten condiciones infrahumanas de detención de menores

Rosario 12

Ciudad de Rosario, Provincia de SAnta fe › NUEVOS CASOS DE MALTRATOS FISICOS A MENORES EN EL Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario El Irar es un instituto cerrado de rehabilitación para jóvenes menores de 18 años, que depende de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Esta área se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. de Santa fe

La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunció ayer serias irregularidades en el funcionamiento del Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR). "La subsistencia de las condiciones infrahumanas de detención, las reiteradas denuncias de torturas y maltrato físico y psicológico que efectúan los jóvenes -algunas de las cuales se formalizan judicialmente, sin resultado y otras que por miedo no llegan a formalizarse-, acreditan que las violaciones a los derechos humanos de los adolescentes privados de la libertad en el IRAR denunciadas por esta organización se perpetúan y se agravan con el tiempo", denunció Lilian Echegoy.

La dirigente de la CTC apuntó además que "en estos últimos meses se han producido nuevos casos de torturas psíquicas y psicológicas infligidas a los jóvenes encerrados en el IRAR. Según Echegoy "la semana pasada hubo casos de dos chicos que habían sido golpeados por la policía y luego dentro del mismo Instituto. El domingo 8 noviembre luego de la visita, se produce la denuncia del robo de las pertenencias que les habían entregado ese día sus familiares. En respuesta interviene el Servicio Penitenciario y los internos del sector D son nuevamente encerrados y alrededor de las 21, requisados por personal del Servicio Penitenciario que los someten a una golpiza por denunciar el robo de las pertenencias, que les habían entregado ese día sus familiares. "Al día siguiente -agregó- por la mañana cuando los llevan a 'enfermería' les vuelven a pegar".

Segun la CTC la "enfermería en realidad lo era antes, ya que hoy en los hechos, el lugar funciona con un pabellón más, aunque con las condiciones más indignas de todo el IRAR. A las 14 del lunes, la Dirección Civil ordena que sean traslados del sector los tres chicos que se encontraban en el sector F a enfermería. La orden fue cumplida por el Servicio Penitenciario, que para efectivizar la orden golpean nuevamente a estos jóvenes, incluso estando esposados.

Por su parte la abogada de la CTC Carmen Maidagan, apuntó que "más allá de que se inicien sumarios, se investiguen los hechos, y se traslade al personal las torturas sufridas, los malos tratos físicos y sicológicos los daños sufridos son irreparables".

Y en este sentido recordó que "las autoridades fueron advertidas en varias oportunidades sobre el peligro que significaba la permanencia del SP en el interior de IRAR. Pero los hechos demuestran que en este desgobierno que resulta el IRAR, las autoridades civiles que deambulan por el instituto se sirven de la fuerza de seguridad para mantener 'el orden' a cualquier costo inclusive intentando tapar los abusos, de hecho la directora civil, prometió que volverían al sector F si no denunciaban los golpes".

Maidagan explicó que "ahora cuando las cosas se complican y salen a la luz, dejan a solas a su 'socio' el Servicio Penitenciario, y lo hacen responsable de todos los males. Los empleados penitenciarios son responsables de lo que hicieron, pero también quien no controló que sucedía y enterado de los hechos no informó ni a los jueces de las causas en las que estaban involucrados los menores y mucho menos ante el fiscal o juez de instrucción en turno, y ello es más grave ya que sin lugar a dudas las fuerzas de seguridad erróneamente tienen una formación represiva, se supone que los funcionarios civiles no".